¿Cuándo se cancelan los antecedentes penales y cómo se pide?

Tener antecedentes penales no es para siempre, pero tampoco desaparecen solos en la práctica: aunque la ley prevé la cancelación de oficio, lo habitual es que el certificado siga reflejándolos hasta que alguien la solicita. Conviene pedirla expresamente cuando se cumplen los requisitos, porque un antecedente vivo puede cerrar puertas en oposiciones, licencias, permisos de extranjería o contratos.

Los plazos se cuentan desde que la pena queda extinguida, es decir, desde que se terminó de cumplir: el último día de condena, el pago completo de la multa o el fin del periodo de suspensión. Son de 6 meses para las penas leves; 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes; 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años; 5 años para las menos graves de 3 años o más; y 10 años para las penas graves.

Además del plazo, se exigen dos requisitos: no haber vuelto a delinquir durante ese tiempo y tener satisfecha la responsabilidad civil derivada del delito, salvo insolvencia declarada o plan de pagos que se esté cumpliendo. Un nuevo delito durante el plazo impide la cancelación hasta que vuelva a transcurrir el tiempo exigido.

La solicitud se presenta ante el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia, por sede electrónica o presencialmente, acompañando el DNI y los datos de la condena. Antes de pedirla es recomendable obtener el certificado de antecedentes y la hoja histórico-penal para verificar qué consta exactamente y desde qué fecha se computa el plazo, porque un error de cómputo es la causa más frecuente de denegación.

Un matiz importante: la cancelación borra el antecedente a efectos generales, pero los antecedentes policiales son un registro distinto y su cancelación se pide por separado ante el Ministerio del Interior. Si se necesita un certificado totalmente limpio, hay que ocuparse de ambos.