El derecho a la última palabra y la motivación de la sentencia

En el proceso penal existen garantías que parecen simples formalidades pero que protegen derechos esenciales. Dos de ellas son el derecho del acusado a la última palabra y el deber del tribunal de motivar la sentencia.

El artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce al acusado el derecho a decir la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia. No es un mero trámite: el Tribunal Constitucional, en su sentencia 13/2006, ha recordado que privar de este derecho puede causar indefensión y provocar la nulidad del juicio.

Por su parte, el artículo 120.3 de la Constitución obliga a motivar las sentencias. El tribunal debe explicar por qué considera probados los hechos y por qué impone una pena concreta. Una sentencia que condena sin explicar la valoración de la prueba o la individualización de la pena puede ser recurrida y anulada.

Vigilar el respeto de estas garantías es parte esencial de una buena defensa, tanto en el juicio como en un eventual recurso. Puede leerse un análisis más detallado, con la jurisprudencia aplicable, en este artículo sobre la última palabra y la motivación.