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Los abogados son profesionales del derecho que de manera independiente representan los derechos e intereses de sus clientes frente a los organismos públicos y el resto de las personas y entidades privadas.

El abogado es un profesional colegiado y legitimado para asesorarte y defender tus derechos con todas las garantías en relación con las siguientes cuestiones: procedimientos judiciales, ya sean estos de la jurisdicción civil, penal, social o contencioso; negociación y redacción de todo tipo de contratos públicos o privados; asesoramiento e intermediación en todo tipo de operaciones inmobiliarias, compraventas y/o arrendamientos de pisos y fincas urbanas y rústicas, con la preparación de los contratos y documentos jurídicos necesarios; redacción de testamentos, declaraciones de herederos sin testamento y particiones hereditarias, así como procedimientos judiciales en materia hereditaria; defensa ante la imposición de sanciones y multas por parte de cualquier organismo público, y reclamación de todo tipo de deudas y obligaciones.

Más allá de la representación en un juicio, contar con el asesoramiento previo de un abogado en la fase de la negociación de un contrato o en la formulación de una reclamación, por poner un ejemplo, sirve en multitud de ocasiones para evitar los gastos e inconvenientes de un juicio y resolver la cuestión que te preocupa de una forma satisfactoria.

Los mediadores son profesionales colegiados y cualificados para gestionar conflictos, ayudando a las personas implicadas en una controversia a llegar a una solución. El mediador actúa como un tercero imparcial, estableciendo puentes de comunicación para que los afectados puedan conseguir acuerdos y resolver sus divergencias.

Los mediadores intervienen como terceros imparciales en diferentes ámbitos, desde conflictos familiares, personales o reales a conflictos en el ámbito laboral, penal o comunitario.

La mediación es una alternativa altamente efectiva al proceso judicial convencional. Más rápida, si la comparamos con las alternativas jurisdiccionales; más económica, ya que el mediador es el único profesional que interviene; y eficaz, porque al ser las partes las que deciden la solución del conflicto, se reducen los problemas para el cumplimiento de la resolución acordada.

Las asesorías ofrecen servicios de gestión y asesoramiento en diversos temas en los que son especialistas. Se trata de profesionales con un enfoque empresarial que desarrollan su trabajo en materia laboral, fiscal y financiera, entre otras.

La gran diferencia entre asesores y abogados es que los segundos se dedican como norma general a la parte empresarial, por tanto el perfil de estos puestos abarca titulados en todas aquellas carreras orientadas a la empresa: Administración y Dirección de Empresas, Economía, Relaciones Laborales, Derecho, etc.

Los despachos especializados en asesoría ofrecen servicios independientes a otras personas o profesionales que carecen de conocimientos necesarios sobre un tema concreto y prefieren la ayuda de un especialista, y también ofrecen a las pequeñas empresas la posibilidad de acceder a los servicios de asesoría sin tener que contar con un departamento propio. Además, los servicios de asesoría suelen ir acompañados de los servicios de gestoría (realización de trámites, entrega y recogida de documentos, etc.), por lo que la función del asesor gestor resulta muy necesaria para el pequeño empresario o autónomo.

La figura del detective privado se corresponde con un profesional liberal de la investigación, formado y especializado, y acreditado por el Ministerio del Interior que realiza investigaciones de carácter privado, siempre en el marco de la ley.

Los detectives privados tienen atribuciones exclusivas para investigar hechos y personas, y sus conclusiones tienen rango de prueba en un juicio. Pudiendo resolver problemas en múltiples campos, desde investigaciones de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal, la obtención de pruebas en entornos laborales o personales y de familia, investigaciones financieras o de vigilancia en ferias, hoteles o ámbitos análogos.

Los peritos judiciales son profesionales que cuentan con conocimientos especializados y reconocidos de acuerdo a sus estudios superiores. Son los encargados de suministrar información o bien una opinión fundada a los tribunales de justicia, con respecto a los puntos litigiosos que son sometidos a su dictamen. Es decir, se trata de profesionales especializados que actúan ante los tribunales como fuente de consulta experta en la resolución de un proceso judicial en particular.

Los peritos judiciales desarrollan una labor fundamental en aquellos casos en que se precisa de valoraciones tan precisas como podría ser el valor de unos bienes para ser embargados, en el caso del reparto de bienes dentro del marco de una herencia, así como en otros procesos en los que su papel resulta fundamental para poder dictar una sentencia que precise de este tipo de valoraciones que en muchos casos pueden ser determinantes para la resolución de cualquier litigio que pueda ser llevado ante un juez.

Los procuradores ostentan la representación de particulares y empresas que se ven en la necesidad de acudir a los tribunales. Realizando una serie de funciones propias del proceso judicial y añadiendo una garantía extra a sus clientes de la buena llevanza de su caso. Entre estas funciones se encargan de: presentar todos los escritos que elaboran los letrados, tramitar oficios, mandamientos y exhortos por delegación del órgano judicial de forma que aceleran la “maquinaria judicial”, reduciendo los tiempos de los procesos judiciales.

Además de esta vertiente privada, los procuradores tienen el deber de colaborar con los órganos jurisdiccionales y realizar personalmente las diligencias de notificación, emplazamiento y citación a la parte contraria por encargo de un cliente y delegación del Juzgado.

Los procuradores diariamente se encuentran en la sede judicial para presentar escritos y realizar todas las gestiones necesarias para el buen desarrollo del proceso judicial.

Su contacto diario con los tribunales los faculta como unos de los profesionales que mejor conocen el funcionamiento y burocracia de los Juzgados.

Los graduados sociales, al igual que los abogados y procuradores, son profesionales colegiados, lo que los legitima para intervenir en procesos judiciales del ámbito laboral y de la Seguridad Social con plenas garantías de profesionalidad y ejercicio libre de la profesión.

Entre sus principales competencias, los graduados sociales asisten ante los Tribunales del Orden Social (Juzgados de lo Social) en todos aquellos asuntos que le sean encomendados por empresas, trabajadores, pensionistas, sindicatos, corporaciones, etc., teniendo en exclusiva la facultad de confeccionar mensualmente las liquidaciones a la Seguridad Social que realizan las empresas, así como tramitar y asesorar todos los expedientes de jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad, favor de familiares y todas aquellas prestaciones que se realizan ante la Seguridad Social.

Por todo, el graduado social es un valedor importante de todas las actuaciones que se realizan en el mundo del trabajo y de la Seguridad Social