La presunción de inocencia y la duda razonable

La presunción de inocencia, reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución, no es solo una declaración de principios: es una verdadera regla de juicio. Significa que nadie puede ser condenado si no existe prueba de cargo suficiente, practicada con todas las garantías, que acredite su culpabilidad.

De ahí deriva el estándar de la duda razonable: para condenar, el tribunal debe alcanzar una certeza que excluya cualquier duda razonable sobre la culpabilidad. No basta con que la versión acusatoria sea posible o incluso probable; debe ser la única conclusión razonable a la vista de la prueba.

Estrechamente unido a este estándar está el principio in dubio pro reo: si, valorada toda la prueba, persiste una duda razonable, el tribunal debe absolver. Por eso la defensa no tiene que demostrar la inocencia; le basta con mostrar que esa duda existe.

Entender bien esta carga y este estándar permite enfocar la estrategia de defensa sobre lo esencial: la insuficiencia de la prueba de cargo. Puede leerse un análisis más detallado, con la jurisprudencia aplicable, en este artículo sobre la presunción de inocencia.