Fin del plazo de suspensión de los desahucios

El Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, estableció desde su entrada en vigor un periodo de suspensión de dos años para detener las ejecuciones hipotecarias debido a la crisis económica y financiera. En el marco de la misma, numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran con serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones. Por ello han surgido una serie de medidas que contrinuyen a afrontar el drama social que se está viviendo con el tema de los desahucios, sobre todo cuando los mismos afectan a colectivos de exclusión social o muy desfavorables. 

Hasta noviembre de 2014 ha sido un alivio para las familias numerosa, unidades familiares monoparentales, con niños menores de 3 años a cargo o en aquellas en que existieran incapaces o en que se encuentren personas afectadas por violencia de género. 

Pero el plazo ha venido su fin y con ello hay que volver a litigar y plantear nuevas acciones judiciales que retrasen y dificulten el lanzamiento mientras no mejore la situación, así como llegar a obtener una dación en pago y condonación de la reclamación personal, para lo cual es conveniente utilizar la vía penal, conjuntamente con la civil o mercantil, alegando todos los defectos del contrato y de la relación entre las partes, al igual que ampararse en el abuso de Derecho y del procedimiento utilizado para ello.