Las consecuencias de la imputación en el proceso penal

Recientemente hemos conocido la imputación de la Infanta Cristina por el caso "Noos". Se habla a todas horas de su nueva condición procesal y de su llamada a declarar pero, ¿qué consecuencias tiene la imputación de una persona en el proceso penal?

El imputado es el sujeto pasivo de la acción penal mientras que el sujeto activo es el Estado que goza de la capacidad sancionadora en el marco penal.

Con la imputación lo que se pretende es proteger y garantizar los derechos fundamentales del imputado, teniendo en cuenta que sólo éste puede ser condenado o absuelto. Además, pueden adoptarse frente a él medidas de investigación y aseguramiento que conllevan limitaciones graves a sus derechos y le sitúan en posición procesal claramente desventajosa.

Con la imputación se reequlibra la posición procesal pues se le garantiza el derecho fundamental de la presunción de inocencia, el derecho a un juicio equitativo basado en el principio de contradicción y otros derechos como conocer la acusación, derecho a la no autoincriminación, derecho a la igualdad de armas, derecho a asistencia letrada y práctica de prueba, etc.

No olvidemos que con la imputación se garantiza el derecho a la presunción de inocencia pues éste atribuye la carga de la prueba a la acusación (Ministerio Fiscal y acusadores en su caso) así como un derecho de defensa en todos sus términos.

Con la imputación precisamente se consigue, como decimos, garantizar al imputado desde el inicio todos sus derechos fundamentales, que le son reconocidos y protegidos de inmediato y siempre en el momento en que aparezcan indicios objetivos o sospechas de su participación en un acto delictivo.

Este elemento es importante ya que la imputación debe producirse "de inmediato" y ello implica que ésta debe llevarse a cabo incluso en el momento en el que la investigación policial aprecia esos indicios y siempre y cuando la causa no esté declarada secreta por Auto judicial.

En caso de que la imputación no se produjera adecuadamente nos encontraríamos ante un procedimiento viciado en origen, lo que causaría indefensión y vulneración del derecho a la presunción de inocencia y al procedimiento con todas las garantías.