Delitos de falsedad documental y prevaricación

Soy un antiguo director general de la Consejería de Agricultura de Andalucía. Cesé de ese cargo en junio de 2005. En abril de 2014 tuve noticias a través de un titular de prensa de que, junto a otros funcionarios, estaba imputado por supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación. Se refiere a unos hechos presuntamente sucedidos en una Comunidad de Regantes de la provincia de Sevilla a la que la Consejería de Agricultura concedió una subvención para las obras de modernización de sus regadíos. La comunidad de regantes ( que es corporación de Derecho Público) sacó a concurso las obras y las adjudicó a una empresa, firmando el contrato el día 30 de Octubre de 2005, con un plazo de ejecución de 40 meses. Yo había cesado como Director General de esa Consejería el 7 de Junio de 2005, cerca de cuatro meses antes, regresando a mi profesión en la enseñanza pública y sin tener más noticia de este asunto hasta que por la prensa supe que, casi diez años después, no solo no se había ejecutado la obra de modernización sino que habían sucedido una serie de irregularidades en la misma que habían obligado a la actual junta directiva de la misma a poner una denuncia en la fiscalía, acusando a anteriores directivos y a funcionarios y responsables de la Consejería, entre los que me incluyen.
Fui citado a declarar ante los agentes de la GC, a quienes dejé bien claro mi desconocimiento de los hechos por los que me preguntaban. Sin embargo proponen al juez en el atestado que instruyen que se me impute, primero de delitos de falsedad, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, y finalmente y dentro del mismo cuerpo de atestado, cambian de opinión y mediante lo que ellos consideran una prueba ( algo para mí inverosímil) proponen para mí los delitos de falsedad documental y prevaricación. Y aquí viene la pregunta que deseo formular, si bien es preciso una breve explicación previa por mi parte.
La aprobación y concesión de SUBVENCIÓN a esa comunidad de regantes tuvo lugar en octubre de 2004, siendo yo el responsable de esa dirección general. Como todo el control de la documentación de ese expediente era responsabilidad de la delegación provincial de SEVILLA ( por estar en esta provincia la sede de la comunidad de regantes), desde la dirección general se envió un oficio o comunicación interna (que llevaba mi firma, como cualquier documento que saliera de la misma), dirigido al Delegado Provincial reclamando que no enviaran unos documentos de la comunidad de regantes necesarios para completar su expediente. Ni más, ni menos. Bién, pues ese oficio o comunicación interna que yo firmo es, según los agentes de la GC, la prueba que presentan ante el juzgado num. 16 de SEVILLA de que cometí FALSEDAD DOCUMENTAL. Y además PREVARICACION porque, y aquí cito textualmente a lo que los propios agentes escriben para el señor juez, PORQUE CON SU ESCRITO EL DIRECTOR GENERAL DA PIE (textual, lo juro, da pie) A TODOS LOS DEMAS ILICITOS PENALES QUE SUCEDIERON EN LA COMUNIDAD.
No he podido encontrar entre todo lo que leído acerca de los delitos de falsedad nada que se aproxime a esto que les acabo de relatar, y que es la pregunta que les ruego me respondan.

Para colmo, este caso está teniendo una gran difusión mediática, apareciendo mi nombre una y otraq vez relacionado con situaciones y hechos en los que, como ya dije, me son ajenos pues cuando se contrataron e iniciaron esas obras ya no ocupaba ese cargo. Las filtraciones manipuladas, tergiversadas y tendenciosas, que proceden sin duda de la propia investigación, absolutamente injuriosas y calumniosas hacia mi persona, me han producido están produciendo a mi familia y a mí un daño ya irreparable. Me consta, tengo la certeza de que el atestado de la GC ( que tengo en mi poder) no es que esté plagado de errores, es que está lleno de suposiciones arbitrarias y gratuitas, de hipótesis que sólo existen en la imaginación de los investigadores judiciales, y que me pregunto y pregunto a ustedes si esa forma subjetiva y malintencionada de investigar ( lejos del mandato del juez de una investigación veraz y neutral), no sería también constitutiva de delito por parte de esos agentes.

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU ATENCION.