Protección de la Infancia

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El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Infancia.

Se pretende modificar la Ley de Protección Jurídica del Menor para introducir un nuevo articulado específico para los centros, conocidos como reformatorios, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que el ingreso se produzca siempre con orden judicial (salvo en casos de urgencia).

Se quiere variar también el procedimiento disciplinario, para que quede configurado  como el último recurso a utilizar, y dando prioridad a los sistemas restaurativos de resolución de conflictos e interacción educativa.

Por ello, el nuevo texto establece que ni las medidas de contención y seguridad de los menores, ni el aislamiento de los mismos respecto de sus compañeros, ni los registros personales o materiales ni la administración de medicamentos forman parte del mismo, es decir, no pueden utilizarse como sanción.

El anteproyecto dispone que estas instalaciones (conocidas como reformatorios) estarán destinadas al acogimiento residencial de menores tutelados por la Administración "diagnosticados con trastornos de conducta, que presenten conductas disruptivas o di-sociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos básicos de los terceros, cuando además así esté justificado por sus necesidades de protección y determinado por una valoración especializada".

Evitando de este modo, que convivan menores con trastornos y jóvenes bajo tutela pública que no los tienen o que presentan alguna discapacidad, cosa que según el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional, viene sucediendo.

Además, introduce otras novedades y regula distintos aspectos de la vida en los centros, como el régimen de comunicaciones de los internos, las visitas y las autorizaciones de entrada y salida

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