Ventajas fiscales en el contrato de apoyo a los emprendedores

Guía publicada por:

Lexdir

El contrato de apoyo a los emprendedores lo firman personas menores de 30 años y que trabajen para una empresa de menos de 50 trabajadores. Este contrato disfruta de una deducción fiscal de hasta 3.000€. Se deduce el 50% de la prestación por desempleo.

Este contrato, diseñado por la última reforma laboral para empresas de menos de 50 trabajadores, cuenta con importantes incentivos fiscales. Si el primer contrato de trabajo se realiza con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros.

Además, en caso de contratar a desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, se podrá deducir el 50 por ciento de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con un límite de 12 mensualidades. Para ello, sin embargo, el empleado deberá haber percibido la prestación durante al menos tres meses en el momento de la contratación. 

El empleado, además, podrá compatibilizar voluntariamente cada mes, junto con su salario, el 25 por ciento de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación.

Para el empresario, a todos los incentivos fiscales se le suman determinadas bonificaciones al contratar a desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo, que afectan a los jóvenes de entre 16 y 30 años, y a los mayores de 45 que lleven más de un año inscritos en el paro.

A pesar de estas ventajas, la ley 3/2012 establece ciertas limitaciones para que los empleadores no hagan un mal uso de este instrumento. En primer lugar, si la empresa ha llevado a cabo extinciones de contratos por causas objetivas declaradas improcedentes, o hubiera procedido a despidos colectivos, todo ello durante los seis meses anteriores a la celebración del contrato, no se podrá llevar a cabo. Sin embargo, esta limitación sólo afecta a las extinciones y despidos producidos tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley, en Febrero de 2012, y a los puestos de trabajo afectados por la extinción.